La gravedad de situación hídrica en el Partido de Bolívar fue tema de tratamiento fuera del orden del día en la pasada sesión del Concejo Deliberante, oportunidad en la que aún no había sido aprobada la continuidad de la Ley de Emergencia y/o Desastre Agropecuario.
El reclamo de los ediles de Cambiemos obtuvo un apoyo de las demás bancadas y eso dio origen a un proyecto de resolución presentado el día de hoy en la que se pide adherir a la ley provincial, que se extiende hasta fin de año y tomar una serie de medidas que permitan a la comunidad, no sólo productores, sobrellevar las consecuencias económicas que acarrea y acarrearán las inundaciones.
Entre los fundamentos, el bloque de Cambiemos consideró que “es menester del Estado encarar políticas tendientes a la prevención de los riesgos que surgen de los excesos pluviales en la cuenca deprimida del Salado”.
A la vez que señaló que “la situación de anegamiento de los campos y caminos implica un grave impacto en la población rural, no sólo impidiendo el normal desarrollo de su vida sino en su forma de producción que es uno de los pilares de la economía distrital”; de modo que “las inundaciones no sólo afectan a los productores sino además a todos los sectores del comercio, industria y servicios que dependen directa o indirectamente de su accionar”.
Atento a ello solicitan que a nivel provincial “no sólo tenga en cuenta el impacto económico sobre estos sectores en relación a la extensión de los plazos de pago de tributos, sino que considere medidas especiales que impliquen quitas, descuentos.”
Se recordó además, tal como sucedió en el recinto que hasta el 31 de agosto estuvo vigente el Decreto de Emergencia Agropecuaria, “no obstante ello personal de ARBA estuvo realizando inspecciones a productores agropecuarios y relacionados con el agro; que productores agropecuarios están recibiendo intimaciones con resoluciones y modificaciones de valuaciones fiscales (que implican aumento de impuesto inmobiliario) es menester que el gobierno provincial haga cumplir las leyes provinciales a sus dependientes”.
Esto hace que sea necesario ”la AFIP suspenda todo tipo de intimaciones, ejecuciones y emisiones de títulos ejecutivos en nuestro distrito y distritos afectados por emergencia y/o desastre agropecuario y hasta el plazo que estipula dicha ley, una vez terminada la emergencia”.
Fueron enfáticos al señalar que todo lo antes mencionado “no sólo se trata de una cuestión legal sino de sensibilidad social, ya que afecta a un importante sector de nuestro partido y de partidos vecinos que hoy se encuentran con sus campos bajo el agua por falta de realización de obras que competen tanto al orden provincial como municipal”. En tanto se recordó que “para el sector Agropecuario la Ley de Emergencia y/o Desastre, contempla ciertos beneficios para atenuar en parte las pérdidas sufridas, básicamente en relación al diferimiento en el pago de impuestos, exenciones tributarias y asistencia financiera por medio de créditos. Si bien la declaración de Emergencia fue extendida, sus alcances no aportan soluciones concretas sino que prorrogan vencimientos, cuando la situación productiva del partido impide que pueda generarse ingresos genuinos en lo inmediato”.
Por otra parte, recordaron que “la declaración de Desastre implica directamente la eximición de impuestos”, que no es precisamente lo mismo que la emergencia en términos prácticos.
La Resolución pide que “se dé cumplimiento efectivo a la Ley de Emergencia y/o Desastre Agropecuario de la Provincia de Buenos Aires, toda vez que entre sus beneficios se cuenta la suspensión de juicios de apremio y sus plazos, emisión de títulos ejecutivos, la suspensión de intimaciones y de operativos”.
En el segundo punto del articulado establece “dirigirse al Departamento Ejecutivo de Bolívar a los efectos de adherir a la Ley de Emergencia y/o Desastre Agropecuario”, y en el tercero solicitar al Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Bolívar que adopte medidas tendientes a morigerar la presión fiscal sobre los contribuyentes del sector agropecuario y actividades comerciales vinculadas”.
El artículo quinto resuelve que “se continúe sin pausa el planteo y realización de obras en la cuenca, que han sido promesas durante los últimos veinte años, y se efectúen de manera estudiada, seria, con personal capacitado, atendiendo a las verdaderas necesidades para evitar las consecuencias de los excesos hídricos, o al menos paliar sus consecuencias”; y por el sexto se invita a los “distritos de Hipólito Irigoyen, Guaminí, Daireaux, 25 de Mayo, Carlos Casares a adherir a la presente”.