La Sociedad Rural de Bolívar está hondamente preocupada por la intervención y posterior expropiación del Grupo Vicentín por parte del Estado. La injerencia del Poder Ejecutivo destruye la división de poderes de una República, al pasar por sobre la autoridad del juez que está llevando a cabo el concurso de acreedores de la firma.
La intervención y posterior expropiación del Grupo Vicentin le dará al Estado el control de una parte de la empresa, y nada hace pensar que el porcentaje restante de los accionistas desista de entablar querella, con lo que se repetiría el caso de la petrolera YPF.
Vicentin obtuvo de los bancos estales Nación, créditos multimillonarios estas irregularidades en el otorgamiento de esos préstamos, si las hubo, deben ser investigadas por la Justicia. Y el Estado debe garantizar que así sea y no llevar a cabo una acción donde, sin aclarar sus verdaderos motivos nos hace dueños de una deuda millonaria que pagaremos con más impuestos.
Con una economía devastada y pocas esperanzas de recuperación en el corto plazo, además de una negociación de deuda en las etapas finales, la decisión del presidente Alberto Fernández contradice también su propia palabra de “no injerencia” del Estado en cuestiones privadas.
Será acaso que el Poder Ejecutivo busca con esta acción regular el mercado granario? Afirmamos que este es lo suficientemente transparente para no necesitar tal intromisión.