La Asociación de Abogados de Bolívar, ante la gravedad e importancia que revisten los proyectos de ley en tratamiento en el Congreso Nacional o de las leyes aprobadas por el citado poder, según el caso, vinculados con la denominada “Democratización del Poder Judicial”, desea manifestar que, en la inteligencia que el Poder Judicial necesita, de manera imperiosa, reformas que lo transformen en ágil, transparente, eficiente y verdaderamente justo, pero entendiendo que las reformas adecuadas no son las que se impulsan por medio de las leyes en tratamiento en el Congreso de la Nación, ha resuelto adherir al Comunicado que días atrás publicara el Colegio de Abogados de Azul, del cual forma parte, en el que expresamente, en sus partes pertinentes, se estableció lo siguiente: “…El pasado 23 de abril el Colegio de Abogados Azul emitió un comunicado donde se pronunció en rechazo del proyecto de reforma judicial impulsado por el Gobierno nacional para “democratizar de la Justicia” y sostuvo que la iniciativa “busca reemplazar la República por una Monarquía…”, “…Ninguno de los seis proyectos del Poder Ejecutivo Nacional enviados al Congreso Nacional buscar mejorar el servicio de administración de justicia…” advirtieron sus referentes. Seguidamente detallaron y criticaron los puntos más polémicos del proyecto oficialista. En primer lugar, se refirieron a los cambios en la composición del Consejo de la Magistratura y el método de elección popular. Según el Colegio de Abogados, los cambios permitirán a “…quienes gobiernan el país a manejar discrecionalmente el mecanismo de selección y remoción de los Jueces Federales. De esa manera no habrá equilibrio de poderes, ni mecanismos independientes de control…” denunciaron. Seguidamente los profesionales cuestionaron la regulación de las medidas cautelares: “…Se restringe a los Jueces Federales la facultad de decretar medidas cautelares cuando el Estado toma decisiones que vulneran derechos y garantías de los ciudadanos. Pero, de manera contradictoria, el proyecto de ley de regulación de las cautelares le permite al Poder Ejecutivo Nacional que se decreten a su favor medidas cautelares, consagrando un privilegio insostenible a favor del Estado y en perjuicio de los ciudadanos…” analizaron. Sobre la creación de las Cámaras de Casación en materia Contencioso Administrativo Federal, Trabajo y de la Seguridad Social y en lo Civil y Comercial de la Nación opinaron que “…producirá es que los procesos sean aún más lentos…” y constituirá “…una instancia que protegerá a los funcionarios públicos investigados por delitos en el ejercicio de sus funciones…”. Por último, también rechazaron la obligatoriedad de publicación en internet de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Cámaras de Apelaciones, por considerar que “constituyen una intromisión inexplicable en cuestiones administrativas del Poder Judicial de la Nación”.
Comisión Directiva Asociación de Abogados de Bolívar